El corporativismo contra el progreso argentino

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En lugar de hacer un “pacto social”, el gobierno debería cerrarle la puerta a cualquier posibilidad de prebenda o privilegio sectorial especial.

Argentina atraviesa una larga decadencia. A principios del siglo pasado, los inmigrantes del mundo elegían a nuestro país como destino para vivir y trabajar. En 1914, el 30% de la población era inmigrante y el país ostentaba un ingreso per cápita que superaba el de Alemania, Suecia y Noruega, según los datos de Angus Maddison.

Hoy la realidad es muy distinta. Ocupamos el puesto número 76 en el ranking de PBI per cápita, estamos entre los primeros con más inflación, y la pobreza afecta a 1 de cada 3 compatriotas.

Frente a esta situación, es cómodo criticar a los “enemigos externos”: las grandes potencias explotadoras, los subsidios a la agricultura en Estados Unidos y Europa, el imperialismo yanqui, la cultura que trajeron nuestros inmigrantes, el deterioro de los términos de intercambio e infinidad de argumentos para quitarnos nuestra propia responsabilidad. Es como cuando en un partido de fútbol, luego de perder por goleada, el equipo le echa la culpa a la lluvia, a la altura, o al árbitro, pero nunca hace una mirada introspectiva acerca de qué está pasando.

Ahora para empezar a enderezar el camino, lo mejor es mirar hacia adentro. Y cuando uno hace eso, encuentra que una de las principales causas de nuestra decadencia es el marcado corporativismo de la economía nacional.

El corporativismo es la idea de que una economía debe manejarse de acuerdo a lo que digan las grandes corporaciones que supuestamente representan la voluntad popular. Así, el gobierno solamente debería limitarse a escuchar a “todos los sectores” y dictar políticas económicas que dejen contentos a cada uno de ellos. Los grandes conglomerados empresarios, junto con los sindicatos, serían los representantes de la sociedad. Y el gobierno solo tiene que “articular” los intereses de ambos para que todo salga bien.

Sin embargo, esto nunca sale como se pinta.

Una rápida leída a los diarios de los últimos días nos permite ver cómo los organismos corporativos de nuestra sociedad están conspirando contra nuestro progreso.

Uno de los casos más paradigmáticos es el de Uber, la aplicación que funciona en más de 400 ciudades del mundo facilitándoles la vida a los usuarios del transporte, pero que aquí generó las más encendidas manifestaciones por parte de los taxistas agremiados, y culminó con la Ciudad de Buenos Aires prohibiendo la actividad.

Otro caso es lo que sucedió con el envío de resúmenes de cuenta bancarios. El Banco Central quería permitirles a los bancos decidir libremente si enviaban por correo de papel o vía “e-mail” los resúmenes de cuenta, pero el sindicato de camioneros frenó la medida, argumentando que los transportistas se quedarían sin empleo. Recientemente, fue el sindicato de bancarios el que criticó el intento de “uberización del sistema financiero” del Banco Central, que busca digitalizar muchas de las operaciones que hoy la gente debe hacer necesariamente trasladándose a las entidades bancarias.

El gremio de aeronáuticos también protesta. La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas se queja porque el gobierno busca que los vuelos internacionales de Aerolíneas Argentinas, que son los que pierden más plata, los cubran otras empresas. Para la APLA, esto constituye un favorecimiento injustificado de las empresas extranjeras. Lo más triste de todo esto es que, en una pelea para ver quién restringe más la competencia, el gobierno respondió que ellos no tienen una política de “cielos abiertos”.

Las corporaciones también rechazan la suba de las tarifas. Empresarios nucleados en cámaras piden que el ajuste en lo precios regulados de los servicios públicos sea más gradual, asegurándose así un subsidio para su producción, pero perjudicando a los sectores que deben generar la luz, el gas, etc.

Como último ejemplo reciente, está la larga lista de lobistas en contra de las importaciones. La Unión Industrial Argentina, la CAME y la Fundación Proteger están en alerta por el riesgo que implicaría la llegada al país de productos fabricados en el extranjero. El reclamo encontró el eco político en Sergio Massa, quien sugirió la disparatada idea de prohibir importaciones por 120 días.

Uno esperaría que el gobierno rechazara estas ideas y permitiera el libre comercio. Sin embargo, también comparte el espíritu de los proteccionistas, y hace una semana resolvió impedir la importación de guitarras criollas.

La idea de que el gobierno debe reunirse con todos los sectores, escuchar sus ideas, y luego implementar una política económica acorde con ellos es falaz. Lo único que se consigue cuando se hace eso es tomar medidas que preservan los intereses de los grupos establecidos, sin pensar en los claros beneficios que el intercambio libre, el progreso tecnológico y la mejora de la productividad generarán en los consumidores y luego en la economía como conjunto.

Por eso lo mejor que puede hacer el gobierno, en lugar de llamar a un “pacto social”, es exactamente lo contrario. Cerrar la puerta de sus despachos y cortar así de plano la posibilidad de que le lleguen reclamos sectoriales que piden subsidios, menos competencia y detener la tecnología.

El corporativismo protege a las corporaciones, pero a costa de todos los demás. Y es el enemigo número uno del progreso, cuya característica principal es el cambio permanente en beneficio de los consumidores.